Ante las declaraciones realizadas, tanto por el Grupo Político Municipal del PP como por el de Ciudadanos, sobre la exigencia al Equipo de Gobierno de transparencia y claridad respecto a la gobernabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada, tras la detención e ingreso en prisión del concejal Pedro Muñoz, el Equipo Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada quiere hacer las siguientes puntualizaciones:
Apenas transcurridas unas horas desde la detención del señor Muñoz, producida en la tarde noche del lunes 1 de junio, el alcalde decretó el cese cautelar del mismo en todas sus responsabilidades como integrante del Equipo de Gobierno.
Esa decisión fue puesta en conocimiento de l@s portavoces del PSOE y de Podemos Ponferrada, así como del concejal de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, el martes en una reunión celebrada a primera hora de la mañana en la Alcaldía del Ayuntamiento. En la misma reunión se planteó, tanto por el PSOE como por Podemos Ponferrada, la necesidad de que el concejal Pedro Muñoz presentase su dimisión, tanto como concejal como en sus cargos en el partido Coalición por El Bierzo, debiendo ventilarse las responsabilidades procesales en sede judicial. La postura en dicha reunión del concejal Iván Alonso fue de asentimiento a la conveniencia de adoptar esas medidas, además de anunciar que creía que dicha renuncia se iba a presentar en las próximas horas.
En el mismo decreto de cese, comunicado verbalmente a los portavoces del PP, Ciudadanos, USE Bierzo y PRB durante la misma mañana del martes, se acordaba el nombramiento del concejal Iván Alonso como miembro de la Junta de Gobierno, por lo que en esa resolución ya se adelantaba la voluntad de continuidad del pacto de gobierno si se producía la dimisión solicitada.
Respecto a la petición realizada por el Grupo Municipal Ciudadanos de que por parte del Equipo de Gobierno se actúe con mayor diligencia a la hora de informar sobre este caso a los grupos de la oposición, se trata sin duda de una petición absurda, pues incita a la comisión de una ilegalidad, teniendo en cuenta que ni el Equipo de Gobierno ni tercero alguno debe tener información de una causa en la que se ha declarado el secreto de las actuaciones.
