Coalición por El Bierzo no se resigna al cierre sin más de la central térmica de Compostilla y está dispuesta a dar la batalla con todas las herramientas que permite la ley.
Desde esta perspectiva, el alcalde de Torre del Bierzo, de Coalición, Gabriel Folgado, llevará al Pleno municipal una batería de alegaciones con el objetivo de hacer fuerza ante las instituciones que tienen capacidad decisoria en materia de producción energética, esencialmente ante el Gobierno de España.
Estas alegaciones han sido redactadas y consensuadas por la Asociación de Municipios Mineros y también serán por el portavoz de Coalición por El Bierzo en el Consejo Comarcal, Iván Alonso, en la próxima reunión de la Mesa de la Energía que se celebrará el próximo lunes 11 de septiembre.
La primera alegación que recoge el documento incide en la necesidad de mantener abierta una unidad de producción energética “por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio”, y en ese sentido recuerda que el artículo 21 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece: “La puesta en funcionamiento, modificación, cierre temporal, transmisión y cierre definitivo de cada instalación de producción de energía eléctrica estará sometida, con carácter previo, al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 y en su normativa de desarrollo”.
El documento insta al Gobierno a “impedir el cierre de centrales térmicas que se alimenten con carbón nacional y que su funcionamiento como energía de respaldo a las de origen renovables debe tener preferencia (como han decidido Alemania y Polonia…”
Asimismo, la alegación plantea la necesidad de obligar a las empresas propietarias de las térmicas de interior a acometer las inversiones necesarias en los procesos de desulfuración y desnitrificación, ello sin que el Gobierno haga dejación de una apuesta decidida por impulsar los procesos de investigación de captura y almacenamiento de CO2, y más específicamente las instalaciones de Ciuden en Cubillos del Sil. Se trata en definitiva de que no sólo se obligue a mantener abiertas las térmicas, sino que éstas estén en plena producción a base de carbón nacional, máxime teniendo en cuenta la enorme huella de CO2 del carbón de importación, una huella que nadie parece querer tener en cuenta, y menos el decreto que prepara el Gobierno, un instrumento que se queda muy corto y que, en los términos actuales no va a tener aplicación alguna.
La alegación aludida también pide al Gobierno que garantice que las térmicas de interior “consuman carbón nacional mediante una cabida en el Mix Energético nacional”, porque si las térmicas de interior no van a quemar otra cosa que carbón de importación, entonces no tiene ningún sentido mantenerlas abiertas, pues no es de recibo que la instalación queme carbón venido de muy lejos y con una enorme huella de CO2 o que permanezca abierta sin producir energía y únicamente con tres o cuatro operarios de mantenimiento.
La segunda alegación presentada se refiere al “procedimiento que debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema”. En este punto, el documento establece que la herramienta adecuada es el procedimiento de expropiación forzosa “por razones de utilidad pública e interés social, según lo previsto en el artículo 33,3 de la Constitución Española. La indemnización al titular solo podrá ser simbólica, porque con la solicitud de cierre está reconociendo que la instalación está completamente amortizada y está renunciando a reclamar cualquier ‘lucro cesante’”.
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